Estados de EE. UU. buscan pagar recompensa por delatar a indocumentados
Washington. – Legisladores de Misuri y Mississippi han presentado proyectos de ley que permitirían a los ciudadanos recibir hasta 1,000 dólares como recompensa por proporcionar información que lleve a la detención de personas sin estatus migratorio legal. La propuesta también contempla la creación de cazarrecompensas certificados, quienes tendrían facultades para identificar y detener a migrantes indocumentados, una medida que ha generado un intenso debate debido a sus posibles implicaciones legales y humanitarias.
Según un reportaje de Telemundo, el plan busca fomentar la vigilancia comunitaria, permitiendo que cualquier persona pueda denunciar a quienes sospeche que se encuentran en el país sin autorización.
Estas iniciativas se enmarcan dentro de la política de control migratorio más estricta impulsada por el presidente Donald Trump, tras su regreso a la Casa Blanca. Sin embargo, la propuesta ha sido duramente criticada por organizaciones defensoras de derechos humanos, que advierten sobre el riesgo de discriminación, perfiles raciales y abusos que podrían derivarse de su aplicación.
"Es una propuesta peligrosa porque los cazadores de recompensas no tienen la formación policial adecuada y podrían actuar con tácticas agresivas que pongan en riesgo vidas", alertó Gabriela Cepeda, activista de la Hispanic Association.
Restricciones migratorias avanzan en distintos estados
Mientras Misuri y Mississippi debaten este polémico esquema, otros estados también han comenzado a impulsar medidas que endurecen las restricciones contra los migrantes.
En Oklahoma, se aprobó una ley que obliga a las escuelas públicas a verificar el estatus migratorio de los estudiantes. En Tennessee, se evalúa cobrar matrícula escolar a niños indocumentados, lo que podría limitar su acceso a la educación.
En Montana, las autoridades podrían otorgar facultades a la policía para revisar el estatus migratorio de las personas durante controles de tránsito. Iowa y Dakota del Sur analizan la posibilidad de implementar licencias de conducir con marcadores especiales que indiquen si una persona es migrante indocumentada.
En Texas, se estudia exigir huellas dactilares a menores migrantes en hospitales, una medida que ha generado inquietud entre activistas y defensores de derechos humanos.
Por su parte, Florida avanza en una legislación para agilizar deportaciones, mediante la creación de un departamento especializado y la designación de un "zar de Inmigración", respaldado por un equipo de más de 100 empleados. Esta iniciativa, promovida por el gobernador Ron DeSantis, espera su aprobación final.
El endurecimiento de las leyes migratorias en varios estados sigue generando un amplio debate en Estados Unidos, mientras la administración Trump continúa aplicando medidas más estrictas con el objetivo de reforzar el control fronterizo y la vigilancia interna.