Lo que les paso a empleados por ayudar inmigrantes

Washington. – El Gobierno de Estados Unidos, bajo la administración del presidente Donald Trump, despidió a cuatro empleados de la Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA), acusándolos de aprobar pagos millonarios para alojar a migrantes en hoteles de lujo en Nueva York.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) emitió un comunicado este martes, señalando que los despedidos incluyen al director financiero de FEMA, dos analistas de programas y un especialista en subvenciones. "Con efecto inmediato, FEMA despide a cuatro personas por eludir la dirección y efectuar unilateralmente pagos atroces a inmigrantes para que se alojen en hoteles de lujo", indicó la agencia sin revelar los nombres de los afectados.

Trump arremete contra FEMA y sugiere eliminarla

El presidente Trump no tardó en reaccionar y publicó en Truth Social su descontento con la agencia, asegurando que FEMA había gastado millones de dólares en zonas demócratas, mientras descuidaba a comunidades afectadas por desastres naturales.

"FEMA gastó decenas de millones en zonas demócratas, desobedeciendo órdenes, pero dejó a Carolina del Norte en la estacada. Ahora está bajo revisión e investigación", escribió el mandatario.

Además, lanzó una polémica propuesta: "¡FEMA debe ser eliminada! Ha sido lenta e ineficaz. Los estados deberían manejar las tormentas como vienen. ¡Grandes ahorros, mucho más eficiente!".

Elon Musk denuncia gastos millonarios en hoteles

Los despidos fueron anunciados un día después de que Elon Musk, quien lidera el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), denunciara que FEMA gastó en una sola semana 59 millones de dólares en hoteles de lujo para migrantes en Nueva York.

Sin embargo, Musk no presentó pruebas documentales de estos pagos, limitándose a calificarlos como "una flagrante insubordinación a la orden ejecutiva del presidente Trump".

Elon Musk

Investigación y repercusiones

El uso de fondos federales destinados a la asistencia de migrantes ha sido un tema de intenso debate en la administración Trump, con el DHS asegurando que no permitirá que "activistas del estado profundo" socaven la voluntad del pueblo estadounidense.

El caso está bajo investigación, mientras el gobierno republicano sigue endureciendo su política de control del gasto público y restricciones migratorias.

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