Trump acelera deportación de migrantes irregulares en EE.UU. ¿Cómo funciona el nuevo proceso?
Estados Unidos – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha puesto en marcha un plan para acelerar la expulsión de migrantes en situación irregular en el país.
Este plan, uno de los más ambiciosos de su segundo mandato, apunta principalmente a aquellos que han entrado sin pasar por los controles migratorios o sin un proceso formal ante las cortes migratorias.
Con este enfoque, Trump reafirma su compromiso con una de sus principales promesas electorales: deportaciones masivas.
De acuerdo con fuentes oficiales, la Ley de enemigos extranjeros de 1798 ha sido invocada por Trump para justificar la expulsión de individuos que no solo han infringido las leyes de inmigración, sino que también han cometido delitos o constituyen una amenaza para la seguridad pública.
En su mira están, además, organizaciones criminales internacionales como la conocida pandilla venezolana Tren de Aragua, un grupo que ha causado gran preocupación en las autoridades estadounidenses.
El proceso de detención de los migrantes comienza con un arresto realizado por la policía local o federal, para luego ser transferidos al ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas).
A partir de ahí, el futuro del migrante depende de si ha pasado o no por un proceso migratorio previo. En los casos donde no ha habido control en el momento de ingreso, el proceso de deportación acelerada puede ocurrir sin que el caso pase por una corte.
Para aquellos que han iniciado su proceso legal, el migrante será evaluado por un juez de inmigración. Sin embargo, en cualquier circunstancia, los migrantes tienen derechos: pueden permanecer en silencio y solicitar la asistencia de un abogado, tal y como indican las pautas de la ACLU (Unión Estadounidense por las Libertades Civiles). Además, se les garantiza el derecho de comunicarse con su consulado si están bajo custodia del ICE.
El traslado de los migrantes deportados se realiza principalmente por vía aérea, y en muchos casos el gobierno de Estados Unidos asume los costos de este procedimiento.
Sin embargo, aquellos que han cometido delitos no violentos pueden acceder a un programa llamado Rapid REPAT, lo que les permite salir de prisión y regresar a su país de origen de manera más ágil.
En cuanto a los países de origen, Cuba, Venezuela y Nicaragua aún no han dejado claro si recibirán a sus nacionales deportados, lo que genera incertidumbre sobre los próximos pasos en este proceso.
La administración Trump sigue firme en su política de deportaciones, mientras la comunidad internacional observa con atención los desarrollos de esta situación, que ha sido un tema recurrente de debate en los últimos años.
