Trump busca terminar con la ciudadanía por derecho de nacimiento: ¿Qué implica esta medida?
Noticias Estados Unidos, Washington D.C. – En un movimiento que ha sorprendido tanto a la opinión pública como a los expertos legales, el presidente Donald Trump firmó el lunes una orden ejecutiva destinada a poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento, una práctica amparada por la 14ª Enmienda de la Constitución de EE.UU.
Esta enmienda, aprobada en 1868, otorga ciudadanía a cualquier persona nacida en el país, independientemente del estatus migratorio de sus padres.
La medida, que pretende reformar un principio fundamental de la ley estadounidense, ha generado una ola de reacciones.
Trump argumenta que esta práctica ha fomentado el “turismo de natalidad”, con mujeres embarazadas de nacionalidades diversas cruzando la frontera para dar a luz en Estados Unidos, asegurando así que sus hijos obtengan la ciudadanía estadounidense.
Sin embargo, los detractores de la propuesta aseguran que se trata de un ataque a un derecho consagrado por la Constitución y una maniobra políticamente divisiva.
Aunque la intención del presidente es clara, el proceso de revocar esta política está plagado de obstáculos legales. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) ya ha presentado demandas contra la orden ejecutiva, argumentando que esta medida violaría principios constitucionales establecidos.
Expertos constitucionales coinciden en que la decisión no está en manos del presidente y que una reforma de esta magnitud requiere una modificación legislativa en lugar de una simple orden ejecutiva. El Tribunal Supremo podría ser el encargado de resolver este conflicto, lo que podría resultar en una prolongada batalla judicial.
El debate sobre la ciudadanía por derecho de nacimiento se remonta a la propia creación de la 14ª Enmienda, que fue adoptada tras la Guerra Civil para garantizar los derechos civiles de los antiguos esclavos.
Este principio fue confirmado por el Tribunal Supremo en 1898, cuando ratificó que los hijos de inmigrantes nacidos en EE.UU. también tienen derecho a la ciudadanía, independientemente del estatus legal de sus padres.
Sin embargo, en la actualidad, la propuesta de Trump ha generado temores entre los sectores más vulnerables. Según datos del Centro de Investigaciones Pew, en 2022, alrededor de 1.2 millones de personas nacieron en EE.UU. de padres no autorizados, lo que representa una proporción significativa de la población infantil del país.
Si se anulara la ciudadanía por nacimiento, los efectos podrían ser vastos y prolongados, ya que más de 4 millones de personas en 2050 podrían verse afectadas por esta política.
A nivel internacional, el fin de la ciudadanía por derecho de nacimiento también podría tener repercusiones diplomáticas, dado que países como Canadá y México siguen practicando el "Ius soli", mientras que otros como Reino Unido y Australia aplican una versión modificada de esta ley.
La reforma de Trump, por lo tanto, no solo afectaría a las familias en EE.UU., sino que podría desencadenar un cambio en las relaciones con otros países que mantienen políticas migratorias más abiertas.