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Estados Unidos.- El gobierno de Donald Trump ha tomado la decisión de cancelar los fondos destinados a organizaciones civiles que ofrecían asesoría legal gratuita a migrantes en centros de detención y cortes de inmigración.
Esta medida deja a miles de personas sin acceso a información fundamental para defenderse en los procesos de deportación.
La directriz emitida por el Departamento de Justicia restringe severamente el apoyo legal a migrantes detenidos y aquellos que enfrentan audiencias en tribunales de inmigración.
Entre los programas eliminados se encuentra el Programa de Orientación Legal (LOP, por sus siglas en inglés), que, durante años, proporcionó a los migrantes información vital sobre sus derechos y opciones legales.
La Laura J. John, directora legal del Proyecto Florence de Derechos de Inmigrantes y Refugiados, calificó esta decisión como un "ataque directo" a los migrantes, tanto a los recién llegados como a los que ya viven en el país.
La abogada subrayó que, sin estos recursos, los migrantes se enfrentarán solos a un sistema legal complejo, sin las herramientas necesarias para evitar una deportación injusta.
A diferencia de otros procesos legales, la ley de inmigración de EE.UU. no garantiza el derecho a un abogado de oficio, lo que obliga a muchos migrantes a defenderse sin conocimiento del sistema.
Las organizaciones sin fines de lucro, como el Proyecto Florence, brindaban apoyo en centros de detención, especialmente en el estado de Arizona, donde los migrantes recibían información sobre sus derechos constitucionales y la preparación necesaria para sus audiencias migratorias.
Para muchos, la opción de contratar a un abogado privado se convierte en un lujo inalcanzable debido a los altos costos de los honorarios legales, que pueden superar los miles de dólares.
Además, los migrantes deben pagar fianzas que rondan entre 5.000 y 10.000 dólares si el juez otorga la libertad condicional.
Desde la cancelación de los fondos, la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) ha restringido el acceso a los centros de detención en Arizona, impidiendo que los abogados del Proyecto Florence ofrezcan su apoyo a los detenidos.
A esta limitación se le suma la falta de traductores, lo que afecta especialmente a los migrantes de comunidades indígenas.
En respuesta, el Proyecto Florence ha lanzado una campaña en redes sociales para presionar a los congresistas y exigir que se restituyan estos fondos.
La organización advierte que sin estos recursos, miles de personas quedarán expuestas a una deportación sin la posibilidad de una defensa adecuada.