Entra en vigor cobro del 1% a remesas desde EE.UU.
Desde el inicio del mes entró en vigor en Estados Unidos un impuesto del 1% a las remesas enviadas en efectivo, cheques o giros postales por personas que no poseen ciudadanía estadounidense, según lo establecido en la nueva legislación federal.
La disposición excluye los envíos realizados mediante transferencias bancarias, plataformas digitales y tarjetas emitidas por entidades financieras estadounidenses, siempre que estas cuenten con los permisos correspondientes.
El gravamen forma parte de la ley denominada “One Big Beautiful Bill”, aprobada tras varias modificaciones, luego de que la propuesta inicial fuera reducida progresivamente hasta quedar fijada en 1%.
El impuesto no se aplicará a ciudadanos estadounidenses ni a operaciones realizadas desde bancos habilitados con acuerdos ante el Departamento del Tesoro, conforme a lo dispuesto en la normativa.
La medida ha generado preocupación en comunidades migrantes, debido a que numerosas personas carecen de acceso a servicios bancarios formales y dependen de métodos presenciales para enviar dinero.
Países con alta recepción de remesas como México, India, Filipinas, China y República Dominicana figuran entre los más expuestos a los efectos de esta disposición vigente.
En el caso de México, las autoridades anunciaron una tarjeta bancaria especial para envíos de hasta US$10,000 mensuales, con una tarifa fija de US$2.50, como mecanismo de mitigación.
Para República Dominicana, el impacto del impuesto podría acercarse a US$234 millones anuales, según estimaciones del Center for Global Development y del economista Nassim Alemany.
Las remesas dominicanas representan alrededor del 10% del PIB, con flujos anuales estimados entre US$10,000 y US$11,000 millones, de acuerdo con datos oficiales divulgados en julio.
El economista Luis Manuel Piantini planteó que el 1% del gravamen sea absorbido por empresas locales mediante ajustes en las tarifas de envío, para reducir el impacto en los hogares receptores.
Por su parte, el decano de Economía de la UASD, Antonio Ciriaco Cruz, estimó que el efecto sería marginal, al concentrarse principalmente en personas en situación migratoria irregular.
La ley establece que los proveedores de servicios de remesas deberán aplicar, reportar y declarar el impuesto de forma trimestral ante el Tesoro y el IRS, incluyendo información detallada de cada transacción.