Gobierno de EE.UU. moderniza el control fronterizo con sistema

Washington, Estados Unidos. — El Gobierno estadounidense anunció una regla definitiva que ampliará el control aduanero para quienes entren o salgan del país con residencia permanente o visados, aplicándose en aeropuertos, puertos marítimos y cruces terrestres. La medida, impulsada por la Administración Trump, refuerza la verificación de identidad mediante tecnología biométrica.

La disposición introduce una estructura de supervisión más amplia que alcanzará a todos los viajeros no ciudadanos. El Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) indicó que esta actualización transforma reglamentos internos del Departamento de Seguridad Nacional, marcando un cambio operativo considerado histórico.
El proceso regulatorio comenzó a finales de octubre, cuando la norma fue publicada en el Registro Federal, abriendo un período de comentarios públicos hasta el 26 de diciembre de 2025. Este paso forma parte del procedimiento habitual antes de activar políticas migratorias de impacto nacional.

La regla, denominada “Recopilación de datos biométricos de extranjeros al entrar y salir de los Estados Unidos”, autoriza a Aduanas a registrar rasgos físicos para confirmar identidad en todos los puntos de movilidad autorizados. Su objetivo es acelerar revisiones y unificar criterios operativos en materia de seguridad.
A partir de esta norma, el Gobierno integrará sistemas de reconocimiento facial en viajes por aire, tierra y mar, incluidos cruces peatonales, vehiculares y salidas en embarcaciones privadas. CBP sostiene que estas herramientas ayudan a detectar inconsistencias documentales y estadías prolongadas.

La agencia eliminó las exenciones que antes beneficiaban a diplomáticos y a muchos visitantes canadienses, ampliando la cobertura a modalidades que anteriormente quedaban fuera del sistema. Esta expansión fortalece la vigilancia en rutas menos fiscalizadas.
De acuerdo con un comunicado institucional, la ciudadanía podrá emitir opiniones públicas sobre la medida hasta el 26 de noviembre de 2025, lo que permitirá revisar inquietudes técnicas mientras avanza la implementación progresiva del modelo biométrico.

Diane J. Sabatino, autoridad de Operaciones sobre el Terreno, aseguró que los recursos asignados permitirán modernizar equipos y ampliar la verificación facial en múltiples puntos de acceso. Según la funcionaria, esta fase busca optimizar tiempos de inspección y reforzar la precisión en los procesos.
Como antecedente, CBP recordó la orden ejecutiva de 2017 emitida por la Administración Trump, que ordenó acelerar el programa integral de entrada y salida biométrica. Ese mandato se convirtió en el soporte institucional que respalda el alcance actual de la regla.

Aduanas señaló que el reconocimiento facial permite identificar individuos con actividad ilícita previa, detectar documentos alterados y ubicar estadías no autorizadas en el país. También ayuda a impedir ingresos irregulares de personas previamente inadmitidas bajo procedimientos migratorios.
El CBP aclaró que los ciudadanos estadounidenses no están obligados a someterse al registro facial, aunque pueden hacerlo de manera voluntaria. Quienes prefieran evitarlo recibirán una revisión manual de pasaporte, manteniendo los procesos tradicionales para vuelos internacionales.
El Departamento de Seguridad Nacional define los datos biométricos como información basada en características físicas o conductuales capaces de generar patrones repetibles. Entre ellos se incluyen huellas dactilares, trazos del iris y proporciones faciales.
La institución detalló que estos datos se utilizan para autorizar beneficios migratorios, evaluar solicitudes, facilitar viajes legítimos y verificar documentación presentada por solicitantes de visados. También respaldan la aplicación de leyes federales vinculadas a movilidad.
La regla se alinea con órdenes ejecutivas vigentes y consolida la estrategia federal para reforzar la identificación de viajeros no ciudadanos. La implementación continuará en fases mientras concluye el calendario de revisiones públicas previo a su entrada en vigor en diciembre de 2025.