Corte Suprema respalda a Trump en el SNAP
Washington D. C. – El Tribunal Supremo de Estados Unidos extendió este martes la orden que permite a la Administración del expresidente Donald Trump mantener suspendido el pago de los cupones de alimentos del mes de noviembre, mientras el Congreso debate una reapertura temporal del Gobierno federal que reactivaría los desembolsos para millones de familias en todo el país.
La medida judicial amplía por dos días adicionales, hasta el jueves, la suspensión del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), del cual dependen más de 42 millones de ciudadanos. Este programa representa uno de los pilares principales de ayuda alimentaria en Estados Unidos, especialmente para hogares de bajos ingresos en comunidades rurales y urbanas.
La decisión se emitió después de que la jueza Ketanji Brown Jackson, integrante del Supremo, aprobara el pasado viernes una “suspensión administrativa” de una orden previa del tribunal federal de Rhode Island, que exigía reactivar los pagos del SNAP pese al cierre parcial de las agencias gubernamentales.
Dicha resolución fue detenida por la administración actual, que argumentó la falta de fondos aprobados por el Congreso, debido a la prolongada paralización del Gobierno federal, la más extensa en la historia reciente del país.
Con la extensión dictada este martes, la Corte Suprema mantiene en pausa los desembolsos del programa hasta que el Poder Legislativo adopte una ley de financiamiento temporal que asegure la continuidad de los programas sociales.
Fuentes cercanas al proceso confirmaron que los líderes del Congreso trabajan en un acuerdo bipartidista que permitiría garantizar los recursos de emergencia y restaurar el funcionamiento de las agencias antes del fin de semana.
Mientras tanto, diversas organizaciones de asistencia alimentaria y bancos de comida locales han advertido que la interrupción del SNAP podría agravar la inseguridad alimentaria en millones de hogares que dependen de esta ayuda mensual.
Autoridades estatales y locales coordinan esfuerzos para ofrecer asistencia temporal a las familias afectadas, mientras se espera la decisión final del Tribunal Supremo, que definirá el futuro inmediato del programa.
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